En las próximas semanas el Ayuntamiento pondrá en marcha una oficina pionera de atención a las familias con dificultades de acceso a la vivienda y contra la ocupación ilegal.
La alcaldesa de Archena ha solicitado al Delegado del Gobierno una coordinación con la Guardia Civil para dar una respuesta rápida a la ocupación ilegal.
En una carta dirigida al Delegado del Gobierno de la Región de Murcia, la alcaldesa de Archena Patricia Fernández López ha solicitado, entre otras cuestiones, que ambas instituciones, a través de la Policía Local y Guardia Civil, trabajen de manera coordinada, para dar una respuesta rápida, inmediata y efectiva para evitar la ocupación ilegal de viviendas.
Del mismo modo, la Primera Autoridad Municipal ha insistido en la necesidad de aprobar leyes a nivel nacional que protejan la propiedad privada y eviten estos polémicos sucesos.
En los próximos días la alcaldesa se reunirá con las entidades financieras y con las suministradoras de energía para que pongan en conocimiento del Ayuntamiento los enganches ilegales de luz y de agua para que desde el propio Consistorio se proceda a formular las denuncias correspondientes.
Patricia Fernández ha declarado que “en el próximo mes de septiembre vamos a poner en marcha una oficina pionera de atención a las familias con necesidades de vivienda, y vamos a cerrar acuerdos con entidades financieras para que oferten alquileres sociales a las familias que demuestren su falta de ingresos”.
El objetivo esencial de esta Oficina es ayudar a las familias especialmente vulnerables con grandes dificultades de acceso a la vivienda, ayudar en definitiva a los que más lo necesitan, pero sin vulnerar el derecho a la propiedad privada de otras familias que llevan toda su vida ahorrando.
Con todo ello, el Equipo de Gobierno de Archena pretende “poner freno” de una forma contundente a las cada vez más usuales situaciones de ocupaciones de propiedades privadas, algo que se acentúa en estos meses de vacaciones.
“Desgraciadamente vemos como España y sobre todo algunas zonas del país como puede ser Cataluña, se han convertido en el paraíso de las mafias organizadas de ocupación ilegal. Los vecinos sufren la conculcación de su derecho a la propiedad privada, sienten que sus barrios se degradan y se convierten en zonas conflictivas, focos potenciales de delincuencia, potencialmente peligroso para nuestros mayores, menores y en definitiva para todos. Vemos como muchos vecinos son los que han tenido que tomar la iniciativa para luchar contra este fenómeno, y eso no va a ocurrir aquí, seremos los primeros en protegerlos y en proteger sus derechos.” ha manifestado Patricia Fernández.
